En desarrollo de la agenda del proceso tripartito Londres – Cartagena – Bogotá, entidades de las ramas ejecutiva y judicial del sector público, sociedad civil y comunidad internacional se reunieron los días 27 y 28 de marzo en el Centro de Convenciones Quirama, en inmediaciones de Carmen de Viboral, Antioquia, conjuntamente con autoridades regionales, víctimas, organizaciones de víctimas e iniciativas locales y regionales de paz para analizar los temas de víctimas y construcción de paz desde la perspectiva regional.Los participantes del proceso Londres – Cartagena – Bogotá convinieron manifestar lo siguiente:
1. El anhelo de la sociedad colombiana, apoyado por la comunidad internacional, es la construcción de una paz duradera. Para una paz sostenible es fundamental asegurar que las víctimas ejerzan sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y que reciban una atención humanitaria integral.
2. El apoyo a las iniciativas regionales y locales que aportan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de la convivencia y el desarrollo humano, con enfoque regional, étnico y de género.
3. El rechazo a los recientes asesinatos, amenazas y señalamientos dirigidos a las víctimas y a sus organizaciones, así como a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales. Estos actos atentan contra su legítima e importante labor; atentan contra el Estado Social de Derecho y contra la construcción de la paz en todas las regiones del país. Se requiere que el Estado colombiano continúe y extienda las acciones que viene adelantando para esclarecer estos hechos y judicializar a los responsables.
Foto: Cuadro de Botero1. El anhelo de la sociedad colombiana, apoyado por la comunidad internacional, es la construcción de una paz duradera. Para una paz sostenible es fundamental asegurar que las víctimas ejerzan sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y que reciban una atención humanitaria integral.
2. El apoyo a las iniciativas regionales y locales que aportan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de la convivencia y el desarrollo humano, con enfoque regional, étnico y de género.
3. El rechazo a los recientes asesinatos, amenazas y señalamientos dirigidos a las víctimas y a sus organizaciones, así como a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales. Estos actos atentan contra su legítima e importante labor; atentan contra el Estado Social de Derecho y contra la construcción de la paz en todas las regiones del país. Se requiere que el Estado colombiano continúe y extienda las acciones que viene adelantando para esclarecer estos hechos y judicializar a los responsables.
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